La prueba de fuego de la Secretaría de Salud
- Escrito por Mtra. Maribel Ramírez Coronel
- Publicado en Expertos
A casi dos años de iniciada la actual administración, en el Sector Salud se viven momentos clave. En los próximos meses la Secretaría de Salud enfrentará una prueba de fuego que pondría a prueba no solo la capacidad operativa del sistema, sino la propia rectoría sectorial. El fallo de la compra consolidada de medicamentos 2027-2028, programado para el 14 de septiembre, se convierte en el parteaguas inmediato.
De su resultado dependerá si se logra, por fin, una continuidad de abasto o siguen los cuellos de botella que han marcado a la 4T desde que López Obrador decidió romper la cadena de insumos a inicios de su sexenio. Hoy converge una tensión entre la estabilidad de la rectoría, los anuncios de modernización que salen de la conferencia diaria mañanera y la realidad cotidiana marcada por la austeridad y el desabasto persistente de insumos.
Los factores en juego son múltiples y se entrelazan. Por un lado, la narrativa oficial habla de simplificación, digitalización y el avance hacia un Servicio Universal de Salud. El reto de la credencialización, está en manos básicamente de la Secretaría del Bienestar, priorizando a adultos mayores y personas con discapacidad. El objetivo es que a partir de enero de 2027 cualquier portador pueda recibir atención de urgencias o primaria en IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar sin importar su afiliación previa. Para ello se tendría que contar con el expediente clínico electrónico. Sin ello no es factible pasar a la portabilidad entre instituciones. Pero no han explicado cómo resolver el factor presupuestal, y en particular el diferencial entre IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. El gasto por afiliado que ejerce el IMSS se calcula en unos $9,635 pesos, mientras que el del ISSSTE en $11,531 pesos, y para aquellos sin seguridad social el IMSS-Bienestar tiene apenas $4,225 pesos por afiliado. Cómo superar este aspecto es algo que no se transparenta.

Porque además, es notoria la falta de recursos -la austeridad- que sigue rigiendo en salud pública, sin elementos para prever que se elevará el presupuesto en salud, mismo que no pasa de 2.5-2.6% del PIB (conforme cálculos de CIEP y México Evalúa) considerando los 996 mil millones de pesos de 2026), lejos de la recomendación internacional de 6% del PIB.
Se habla de “reacondicionamiento” de programas: fusiones, reasignaciones y prioridad a Salud Casa por Casa -cuyos recursos salen también de la Secretaría del Bienestar. El secretario David Kershenobich ha negado recortes al gasto en atención médica, pero las cifras muestran tensiones, especialmente en el catálogo de medicamentos, reducido de 2,753 a 1,929 claves, con límites adicionales reportados en el segundo nivel de IMSS-Bienestar.
El desabasto sigue siendo inocultable, por más que en Palacio se reporten cifras alegres. El reto sigue pendiente. El esperado fallo el 14 de septiembre dirá si las nuevas condiciones logran resultados de una vez por todas, porque si vuelve a salir alta la proporción de claves desiertas, no dudemos que continuarán las compras desordenadas, directas y discrecionales que sostendrán el desabasto al menos otros 2 años.
En este marco emerge el reto de la continuidad del secretario David Kershenobich. A sus 83 años aún revela energía: nos dicen que se levanta a las 4:30 de la madrugada y sostiene una intensa agenda de visitas, reuniones y comparecencias. Sin embargo, circulan versiones recurrentes en el sector de que desde el principio advirtió que no se quedaría todo el sexenio hasta 2030. Los reacomodos recientes alimentan la percepción de un equipo en movimiento. Primero fue la salida de Andrés Castañeda Prado quien dejó la Coordinación Nacional del Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP), en las últimas semanas Sergio Iván Valdez-Ferrer que encabezaba la dirección general de Políticas de Investigación en Salud (DGPIS), y el más reciente relevo en la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, donde Rafael Valdez Vázquez fue ascendido de la dirección de Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) a ser titular de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional reemplazando a Ramiro López Elizalde quien dejó la estafeta por motivos de salud—. Cualquier eventual cambio en la titularidad, en un momento tan delicado, pondría a prueba la continuidad de la estrategia.
La prueba de fuego de los próximos meses no es solo logística ni presupuestal. Es la oportunidad de demostrar si la rectoría sectorial puede traducir anuncios de modernización en resultados concretos bajo las restricciones de la austeridad.
Si no se logran avances tangibles, la tensión entre promesas y realidad operativa se volverá más difícil de sostener, con o sin Kershenobich al frente. El sector de salud pública mexicana necesita resultados, no solo anuncios y promesas. Los siguientes cuatro meses dirán si esa exigencia comienza a cumplirse.
Escrito por: Maribel Ramírez Coronel.
maribel.coronelleconomista.mx
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