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martes, 27 septiembre 2022

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LA REFORMA ENERGÉTICA: UNA CONDENA PARA LA SALUD DEL PLANETA

La iniciativa de nuestro actual mandatario sobre la reforma energética, aplicada apenas en el año 2013, se ha convertido en la manzana de la discordia en los últimos años. La reforma energética aprobada por el expresidente Enrique Peña Nieto pretendía en su discurso oficial, el libre mercado, la competencia económica, el combate a los monopolios y la promoción de la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, con la actual administración, se pretende que la reforma energética modernice a este sector sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al “aprovechamiento” de los hidrocarburos y de la electricidad. Aunado a esto, se pretende reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural. 


Para entender a fondo la decisión de este gobierno es importante hacer un breve recordatorio de lo sucedió con el gobierno de Peña Nieto. En ese periodo se promovió una gran cantidad de reformas constitucionales y legales que se denominaron estructurales, debido a que tenían por objetivo modificar la economía nacional que había sido establecida en el marco jurídico constitucional de nuestro país. Lo que caracterizó a las reformas del gobierno de Peña Nieto, comparadas con las de los otros gobiernos neoliberales previos, fue la magnitud de los cambios y la brevedad del plazo en el que fueron aprobados.

Según Jaime Cárdenas Gracia, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la reforma energética tuvo por propósito entregar los recursos energéticos de la nación al poder trasnacional. Favoreció el desmantelamiento del Estado y nos subordinó aún más a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Desarticuló lo que quedaba del Estado del bienestar mexicano y privatizó el derecho público de nuestro país.

La trascendencia de la reforma energética residió en poner fin al paradigma constitucional y de desarrollo que se inició con la Constitución de 1917 cuando se expresó la propiedad originaria de la nación sobre el territorio, sus recursos naturales y su explotación a cargo exclusivamente de la nación. La soberanía nacional se redujo sensiblemente por la presencia de las grandes corporaciones trasnacionales de la energía en el territorio nacional, vinculadas a los centros financieros, políticos y militares más importantes del planeta. 

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Para algunos críticos, el estado mexicano perdió paso a paso el control de la industria, los precios de la electricidad aumentaban, y por la magnitud de agentes en la industria con participación en tramos diferenciados, existieron problemas de desabasto con afectación a los consumidores y al pueblo de México. Las principales dudas de la reforma constituida por el expresidente Enrique Peña Nieto no fueron, ni han sido, esclarecidas hacia los mexicanos. La sociedad mexicana no tuvo, ni ha tenido, respuestas sobre las consecuencias medioambientales y en la salud humana.

Por otro lado, es relevante recordar que México se comprometió, de manera voluntaria en el Acuerdo de París, a generar un 35% de su electricidad por medio de las energías limpias. Adicionalmente, se ha comprometido a reducir en 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero y en 51% de carbono negro, para combatir el cambio climático para 2030.

Pero ¿en qué se diferencia la propuesta de nuestro actual presidente a la de Peña Nieto?, la reforma del presidente López Obrador pretende modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresas Productivas del Estado, 100% públicas y 100% mexicanas. Se pretende que la CFE generará al menos el 54% de la energía eléctrica que requiera el país, y que el sector privado participará hasta en el 46% de la generación de electricidad. Además, se señala que el servicio público de abastecimiento de energía será prestado exclusivamente por la CFE. La implicación ambiental que tendrá esta decisión será catastrófica. Y es que el Poder Ejecutivo introdujo cambios que revertirían el esquema de abastecimiento para favorecer a sus plantas termoeléctricas (tecnologías que no se han modernizado desde la década de 1960 y son muy contaminantes).

Compromisos establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico se violarían con repercusiones comerciales importantes. El gobierno mexicano dio confianza a inversionistas extranjeros al respetar el Estado de derecho por primera vez con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y su versión moderna, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), documento que consolida la apertura del sector energético. En el T-MEC se reconoce el derecho del Estado Mexicano de cambiar su constitución, pero un apartado en el capítulo 8 dice que las modificaciones no deben ir en detrimento de los inversionistas estadounidenses y canadienses. El artículo 32 inciso 11 dice que México se compromete a otorgarle el mismo nivel de apertura a Estados Unidos y Canadá en energía, comercio transfronterizo de servicios y en empresas propiedad del Estado.

Algunos expertos señalan un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, lo que representa una amenaza para la salud y la seguridad de todos. Aunado a esto, algunas organizaciones de jóvenes advierten que las decisiones del presidente les roban a ellos y a millones de niños, un futuro seguro en términos de salud ambiental. 

En ambos cambios de la reforma energética se ha dejado de lado las grandes consecuencias que tienen el uso desmedido de los hidrocarburos, no solo por la explotación de los recursos, que pareciera ser lo menos impactante, sino las consecuencias ambientales que se tienen en la transformación de esos recursos para la trasformación en energía.

Se plantea un aumento de manera significativa los gases de efecto invernadero; se le quita la oportunidad de abastecer energía a los proyectos de energías renovables, que son más limpios y sostenibles a largo plazo. Además, las implicaciones económicas de la iniciativa son cruciales también, si se sube el precio de la electricidad, por lo tanto, sube el precio de otros servicios, lo que supone incertidumbre económica para nuestra generación.

Se estima que para garantizar la generación de 54% de la electricidad entre 2022-2028, le costaría a la CFE entre 406-512 mmdp durante dicho periodo. Esta cifra se incrementará en la medida en que el periodo de evaluación se amplíe más allá del 2028 y de los supuestos sobre quién y con qué tecnología se genera esa energía. Fortalecer a la CFE empieza por reconocer que la empresa no tiene la capacidad para ser el único actor relevante en la industria eléctrica. La iniciativa de reforma energética impacta a ciudadanos y consumidores al elevar los costos de la energía, dañar el medio ambiente, crear incertidumbre jurídica para las inversiones, limitar la competencia y libre concurrencia en las actividades de generación y suministro y reducir la competitividad del país. explotacion

Por otra parte, en términos de salud, la generación de electricidad es el sector más importante de emisiones en el inventario nacional de Gases de Efecto Invernadero. De igual manera, la quema de combustóleo en centrales termoeléctricas de CFE es la principal fuente de emisiones contaminantes en términos de partículas inhalables PM2.5 y Óxidos de azufre. Contaminantes que son la causa más relevante, en muchas regiones de México, de morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias, cáncer pulmonar, cardiovasculares, cerebrovasculares, y demencia. Se estima que en nuestro país ocurren más de 24 mil muertes prematuras al año por estas razones.


La reforma que ahora se propone, sin duda busca mejores tarifas eléctricas, reducción de los impuestos y del endeudamiento público. Sin embargo, esto solo nos lleva a cuestionarnos, ¿a qué costos ambientales estamos dispuestos a pagar la reducción de las tarifas eléctricas?, ¿cuáles son realmente los beneficios de este cambio?, y finalmente, ¿existirá realmente un beneficio hacia el pueblo mexicano en términos de salud ambiental?

Escrito por: Yareli Pérez Bautista

Referencias:

1. Badillo, L. (2021) ¿Cómo afectará la Reforma Energética a las energías renovables? Abril, 2022, de TecReview CIENCIA Sitio web: https://tecreview.tec.mx/2021/11/08/ciencia/como-afectara-la-reforma-energetica-a-las-energias-renovables/

2. Cárdenas, J. (2021) La reforma energética: recuperación de la rectoría económica. Abril, 2022, de Universidad Nacional Autónoma de México Sitio web: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/16411/17091
3. Martínez, M. (2021). Aseguran jóvenes que reforma eléctrica les robaría el futuro. Abril, 2022, de REFORMA Sitio web: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/aseguran-jovenes-que-reforma-electrica-les-robaria-el-futuro/ar2127085?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

4. Ocampo, A., y Mancera, S. (2022). Los costos de la iniciativa de reforma energética para la CFE. Abril, 2022, de Instituto Mexicano Para la Competitividad, A.C. Sitio web: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/Costos-de-la-Iniciativa-de-Reforma_Documento_20210119.pdf